Preocupa riesgo de eliminar reguladores
Leticia Robles de la Rosa
La eliminación de los órganos reguladores autónomos de los sectores comercial y energético implica un alto riesgo para el futuro económico del país y lo ponen en el escenario de paneles de controversia comercial no sólo con Estados Unidos y Canadá, sino también con socios como Japón, Nueva Zelanda y Australia, porque el IFT, la Cofece, el Inai, la CRE y la CNH están incluidos en tratados como el T-MEC y en el TPP-11, explicó Juan Carlos Baker.
En entrevista con Excélsior, Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y quien fuera uno de los principales negociadores de los tratados comerciales que firmó México, consideró que los legisladores del oficialismo no han tomado con seriedad las consecuencias que tiene para el país que se eliminen organismos autónomos que fueron creados para garantizar una competencia real a los socios comerciales del mundo, porque su eliminación sí viola los tratados comerciales.
Precisó que el dictamen de eliminación de los autónomos no especifica cómo puede asegurarse que, al perder autonomía, el gobierno federal puede garantizar escenarios de competencia a los inversionistas.
México tiene compromisos internacionales en los tratados comerciales. Todo mundo menciona el de Estados Unidos y Canadá, en el T-MEC, pero estos compromisos están repetidos en diversos lados, el T-MEC no es el único. Y básicamente el compromiso es que en ciertas áreas, las más notable es esta competencia económica.
En telecomunicaciones sí hay un compromiso de que las autoridades van a ejercer sus funciones de manera imparcial, autónoma, que van a tener regulaciones en favor del consumidor y de la integración y niveles de acción de los mercados”, precisó.
Frente a la idea de que no se violan los tratados comerciales, porque esas funciones las asumirá una instancia de gobierno, dijo que “eso parece surrealista… yo creo que esa idea es completamente falsa.
En comunicaciones, concretamente telecomunicaciones, sí hay una nota al pie en el tratado con EU y Canadá donde dice que es un organismo autónomo, y por eso está en la Constitución y hace una serie de condiciones. Desaparecer el IFT es una violación al acuerdo”, resaltó.
En cuanto a la competencia económica, precisó que los acuerdos internacionales no especifican el nombre de Cofece, pero “ciertamente puede haber otra interpretación, porque lo que dice en la parte de competencia es que tú tienes que tener un ente que se encargue de reglamentar la ley con la que pueda corregir ciertas cosas que salgan mal, si se concentra en las empresas con poderes monopólicos.
No dice que tiene que ser un organismo que se llame Cofece, pero sí, a partir de lo que dicen los tratados, el hecho de que esa capacidad de regulaciones se devuelva al Ejecutivo, en una regresión en la economía, pues suena que tú tienes ahí una la violación, porque el Ejecutivo no puede ser un regulador de los mercados y, al mismo tiempo, ser quien decida quién es un monopolio”, detalló.
Recordó que en materia de transparencia y acceso a la información, los acuerdos internacionales establecen que son indispensables como un mecanismo de combate a la corrupción, que es una condición sine qua non para la certidumbre y competencia económica.
En efecto, el texto del artículo 13.16 del TPP-11 dice que “cada Parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones. Con miras a asegurar la independencia e imparcialidad de los organismos reguladores de las telecomunicaciones, cada Parte asegurará que su organismo regulador de telecomunicaciones no tenga interés financiero o mantenga un rol operativo o administrativo públicos de telecomunicaciones.
Cada Parte asegurará que las decisiones y procedimientos regulatorios de su organismo regulador de telecomunicaciones u otro organismo competente en relación con las disposiciones contenidas en este Capítulo sean imparciales con respecto a todos los participantes del mercado.
Ninguna Parte otorgará a un proveedor de servicios de telecomunicaciones en su territorio un trato más favorable que aquél otorgado a un proveedor similar de otra Parte, justificando que el proveedor que recibe el trato más favorable es de propiedad del gobierno nacional de la Parte”, indica.
El TPP11 y el T-MEC tienen capítulos completos en torno a la transparencia y las acciones anticorrupción y obliga a los Estados parte a contar con instancias autónomas que promuevan “la transparencia, el buen gobierno y el Estado de derecho, y eliminar el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión”, como dice el capítulo 26 y 28 de los acuerdos.
Los tratados también establecen que los Estados parte no podrán dar privilegios ni ventajas competitivas a sus empresas productivas en materia eléctrica y de hidrocarburos, lo que choca con la intención del gobierno morenista de regresar a Pemex y a la CFE a su estatus de empresas paraestatales con ventajas de competencia sobre las empresas privadas, lo que justifica la eliminación de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y de Reguladora de Energía, que nacieron para garantizar la competencia pareja entre los participantes del mercado energético en México.
A pregunta expresa sobre si estas reformas, las referentes a eliminar los órganos reguladores autónomos y a regresar a Pemex y CFE su perfil monopólico, implican una especie de tiro en el pie en la construcción de un futuro económico positivo para México, Juan Carlos Baker confirmó que, en efecto, se trata de una decisión que tendrá saldos negativos para el futuro económico del país.
Hay dos capítulos en particular que serían violatorios. Uno que se refiere a los tratamientos que se le deben dar a las empresas del Estado. Ahí, en el T-MEC, dice que el gobierno no le puede dar preferencia a sus empresas a costa de socavar a los privados, solamente porque son paraestatales. No se vale que se den incentivos a estatales y no a privados.
Y esta idea de que la CFE pueda proporcionar hasta 54% de la electricidad en el mercado, en el tratado no dice nada de eso y eso garantiza a la CFE un mercado a costa de los privados, lo que sería una de las violaciones”, planteó.
