Prohibición de minería a cielo abierto, duro golpe a la economía y comunidades
Luis Vidrio / Integralia
La reciente discusión en el Congreso de México sobre la prohibición de la minería a cielo abierto ha generado serias preocupaciones entre diversos sectores que ven esta medida como un capricho poco razonado, como muchas otras (des)regulaciones impulsadas por el actual gobierno. La modificación al artículo 27 de la Constitución tiene implicaciones no sólo para las empresas mineras, sino también para las comunidades que hoy en día consideran esta actividad como la única ventana de prosperidad en vastas regiones del territorio nacional.
Las operaciones mineras a cielo abierto se caracterizan por la extracción de minerales a través de enormes excavaciones en la superficie terrestre, lo que les otorga facilidades que no se presentan en las explotaciones subterráneas. Los yacimientos superficiales son más sencillos y económicos de excavar. Sin embargo, sus efectos negativos han llevado a cuestionar su viabilidad a largo plazo. Los ejemplos de efectos adversos están a la vista, no sólo en México con la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, sino también en otras latitudes del mundo como Indonesia, Perú y Panamá, entre otros.
En el otro lado de la balanza, existen operaciones mineras a cielo abierto que son ejemplo de buenas prácticas y responsabilidad socioambiental. Las operaciones que son responsables en su manejo del agua, cuidado de la biodiversidad, reducción de emisiones de carbono y cooperación con las comunidades son escasas pero no inexistentes. Países como Canadá, Estados Unidos e incluso Perú cuentan con minas a cielo abierto ejemplares, que han recibido reconocimiento internacional.
Ante estos hechos, surge la pregunta: ¿no podría México legislar a favor de una minería sustentable? Nuestros legisladores piensan que no.
La prohibición tajante de la minería a cielo abierto tendrá graves efectos. Desde una perspectiva económica, podría tener impactos significativos en las finanzas de estados como Zacatecas, Sonora y Chihuahua, que dependen en gran medida de la extracción minera. Según datos oficiales, la minería es la quinta actividad económica que más aporta al PIB de México, sólo por debajo del comercio al menudeo y mayoreo, los servicios inmobiliarios y la construcción.
En cuanto a los ingresos de los trabajadores de este sector, un empleado minero gana en promedio de 9,850 pesos mensuales, frente a los 8,920 pesos que gana un profesionista universitario y los 6,043 pesos del salario promedio general en México. Además, la derrama económica de estas actividades también llega a la cadena de valor relacionada, que incluye a proveedores, transportistas y otros servicios asociados. Es bien sabido que las comunidades cercanas a las minas a cielo abierto suelen depender en gran medida de la actividad minera para su sustento. Así pues, la prohibición podría llevar a la pérdida de miles de empleos directos e indirectos, dejando a muchas comunidades en una situación de abandono y pobreza.
En términos de seguridad, en las minas a cielo abierto el riesgo de colapso es significativamente menor que en las minas subterráneas, ya que no hay túneles o cavernas que puedan derrumbarse. Sin embargo, los trabajadores y las comunidades aledañas pueden estar expuestos a altos niveles de polvo y ruido, lo que puede causar problemas de salud a largo plazo, como enfermedades respiratorias y pérdida auditiva. Encontrar el punto de equilibrio es difícil, pero no imposible.
Consideremos ahora uno de los objetivos del actual gobierno: el aprovechamiento del litio por parte de Estado. En México, el litio se encuentra principalmente en depósitos de tipo sedimentarioo de arcillas, como es el caso del depósito de Sonora, recientemente nacionalizado. Este tipo de depósitos, por lo general, se encuentran relativamente cerca de la superficie terrestre, lo que hace más viable la explotación a cielo abierto. De ahí la reserva promovida en el Congreso, la cual deja en el Ejecutivo la autorización última de esta actividad. En este rubro, es evidente que los legisladores saben que una prohibición total de la minería a cielo abierto sería un golpe a los propios intereses de la nación.
Por tanto, es fundamental que el gobierno y los legisladores encuentren un equilibrio entre las necesidades económicas y la protección del medio ambiente y la salud de la población. La implementación de políticas que promuevan la minería responsable, el uso de tecnologías limpias y la diversificación económica en las regiones afectadas son medidas clave para mitigar los efectos negativos de una prohibición que parece inminente, ante la obstinación del gobierno.
Con información de Expansión Política
