Reforma Judicial: Un debate de números… y más; presentan datos para documentar posturas
Ivonne Melgar
En el polarizado debate de los foros sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, sus impulsores hablan de excesos de jueces, magistrados y ministros tanto en sus ingresos, prestaciones y escalafón como por el alcance de sus sentencias que, señalan, invaden atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, sin que exista castigo para la corrupción y el nepotismo internos.
Mientras que los defensores del trabajo judicial aseguran que el diagnóstico de la iniciativa presidencial ignora los avances realizados con la reforma de 2021 en el PJF y no responde a las problemáticas de la justicia en México que, precisan, se concentran en las fiscalías, al tiempo que en los tribunales hay sobrecarga laboral y déficit de personal.
En medio de los argumentos políticos, legislativos y jurídicos que los participantes han ofrecido hasta ahora en los cinco foros convocados por la Cámara de Diputados, se han presentado cifras y estadísticas para documentar las posiciones a favor y en contra.
Para los detractores de la reforma, ésta no se hace cargo del hecho de que, por cada 100 mil habitantes del país hay 0.33 jueces federales y 3.49 locales, situación que genera que los juzgadores atiendan más de 4 millones de asuntos nuevos al año. Por ejemplo, en Monterrey hay un solo juzgado mercantil que tiene 15 mil expedientes.
Legisladores y magistrados han recordado que el estándar internacional implicaría tener al menos 18 jueces por cada 100 mil habitantes y, al menos, podría fijarse una meta de 10 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que implicaría, de entrada, una mayor asignación de recursos.
En contraste, los números expuestos por los representantes de Morena, PT y PVEM han sido para cuestionar el despilfarro de recursos que, aseguran, existe en el Poder Judicial, ejemplificándolo con el haber de retiro de los ministros de la Suprema Corte, de 100% de su sueldo los primeros dos años y el 80% los siguientes años, hasta su muerte.
PRIVILEGIADOS
Según expuso el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena), el haber contempla también el aguinaldo, 568 mil pesos, que representan 40 días de sueldo, a pesar de ya no estar en activo; un seguro de vida por 12 millones de pesos para los ministros y ministras y su cónyuge.
Además, se incluye un pago por defunción de un millón 189 mil pesos de ayuda para gastos funerarios; un pago por riesgo de 640 mil pesos durante los primeros años; la prima vacacional de 95 mil 474 pesos que representan 10 días de sueldo durante los primeros años; es decir, a pesar de estar en retiro gozarán de una prima vacacional y su sueldo tabular.
Según el coordinador de la bancada oficialista en el Senado y, a partir del primero de septiembre, de los diputados federales, los ministros cuando se retiran siguen contando con cinco personas como personal de apoyo, incluyendo choferes y técnicos de distinta categoría, así como dos vehículos Suburban blindados.
Sostuvo que lo mismo ocurre con las pensiones complementarias de magistrados con montos de 143 mil pesos, equivalentes al 60% de su ingreso, al cual le suman 33 mil pesos de la pensión del ISSSTE; esas cantidades en el caso de los jueces de distrito son de 78 mil y 33 mil pesos.
NI EL REY DE ESPAÑA
Javier Hurtado González, abogado de la Universidad de Guadalajara, cuestionó que el sueldo de un ministro asciende a 5 millones 529 mil 451 pesos anuales. “Es superior al de cualquier presidente de la República en América Latina; supera al del rey de España, sí, que solamente gana 5 millones 293 mil pesos; supera al de varios primeros ministros de Europa y supera al presidente de Francia también. Todo esto es producto de que este Poder es incontrolable”, criticó.
Jesús George Zamora, consejero jurídico del gobierno del Estado de México, cuestionó que existan 14 fideicomisos en el Poder Judicial federal, seis de la Suprema Corte, seis del Consejo de la Judicatura y dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un saldo total aproximado de 23 mil millones de pesos.
Y el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) detalló que para 2024 tiene el Poder Judicial un presupuesto de 78 mil 327.3 millones de pesos, “la mitad de lo que tienen la suma de los 32 Poderes Judiciales o Tribunales Superiores de Justicia de los estados y,éstos sacan (adelante asuntos) casi el triple de lo que saca el Poder Judicial con el mismo presupuesto”.
El petista dijo que la SCJN un presupuesto de 5 mil 787.2 millones de pesos. “Si divides ese presupuesto entre 11 ministros, le toca 526 millones 109 mil 90. Si lo divides entre los 365 días del año, contemplando sábados y domingos, le toca gastar un millón 441 diario”.
AFECTADOS
Académicos, magistrados, jueces, ministros, defensores de derechos humanos y parlamentarios han advertido sin embargo que se malinterpretan las cifras cuando se pretenden asignar grandes cantidades a los integrantes del pleno de la Corte, toda vez que el presupuesto no se canaliza sólo en ellos ni en salarios.
Bajo esa aclaración, quienes consideran que la reforma que involucra a los 33 poderes judiciales del país es un riesgo para la división de poderes y la autonomía en la impartición de justicia han enfatizado que el mayor riesgo es destruir la masa crítica que se ha formado en las últimas tres décadas y afectar a sus familias, siendo la cifra más reiterada la de los potenciales desempleados: los mil 647 juzgadores y el personal que auxilia cotidianamente sus tareas.
Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Javier Laynez Potisek, la magistrada Nadia Villanueva, la jueza Juana Fuentes Velázquez, el consejero de la Judicatura José Alfonso Montalvo Martínez y el senador Miguel Mancera (PRD) citaron esa cifra lamentando que la reforma cesaría de tajo a ese número de personas formadas para ser juzgadores y que en su mayoría cumplen con su encomienda.
Señores legisladores, salgamos de la lógica punitivista, pues un tribunal disciplinario integrado por cinco magistrados no podrá revisar eficientemente la labor cotidiana de más de mil 600 personas juzgadoras”, pidió González Alcántara.
Estamos hablando de mil 647 personas juzgadores que cesarán en su cargo, y (que) su posible reingreso y posteriormente su prórroga o ascenso estará sujeto a sus aptitudes para comprometer, para hacer campaña y buscar el voto, aun y cuando previamente se pretenda certificar sus aptitudes técnicas”, alertó el ministro Laynez.
50 MIL FAMILIAS
Reconozco que en la función que desempeñamos hay deficiencias y definitivamente debemos encargarnos de ellas, pero la solución a estos reclamos ¿justifica cesar y substituir de manera automática y masiva a los más de cinco mil juzgadores locales y mil 700 juzgadores federales y, todavía más, hacerlo sin un juicio previo”, cuestionó el consejero Montalvo Martínez.
Recordó además el integrante del Consejo de la Judicatura Federal que, gracias a la carrera judicial, los tribunales se conforman de equipos de trabajo especializados. “En los Poderes Judiciales locales, aproximadamente 73 mil trabajadores, y a nivel federal más de 50 mil. Por consiguiente, miles y miles de familias dependen de nuestro trabajo”, precisó.
El magistrado Guillermo Ramos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, recordó que el 70% de los asuntos se dirimen en los tribunales locales, pero que los salarios de éstos no se encuentran homologados a los del nivel federal.
Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, dijo que, salvo los casos de los centros de justicia penal de la CDMX, estado de México y Guanajuato, “en las demás entidades sólo se cuenta con un solo notificador, lo que impide que estos servidores públicos disfruten de sus días de asueto. Y en el peor de los casos, de uno de descanso.
Enrique Galicia, secretario general de la sección 34 del Sindicato, recordó que al personal de mandos medios desde hace 10 años no se le autoriza un incremento salarial.
DÉFICIT DE IMPARTIDORES
La diputada Laura Haro (PRI) cuestionó que la iniciativa de reforma en ningún apartado se propone fortalecer la presencia de los impartidores de justicia, cuando “apenas alcanza 4 juzgadores por cada 100 mil habitantes, cuando lo recomendable sería 10”.
En el mismo sentido, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, recordó que, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi, en México, en promedio, las entidades cuentan con 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes.
El Edomex tiene 2.8. Somos un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago”, dijo.
El estándar internacional implicaría tener al menos 18 jueces por cada 100 mil habitantes, pero seamos realistas, fijemos una meta de 10 jueces por cada 100 mil habitantes”, cotejó.
El diputado Braulio López Ochoa (MC) recordó que, en el caso de Alemania son 24 juzgadores por cada 100 mil habitantes. “Esto es claramente una de las razones por las cuales no tenemos una justicia pronta, expedita, porque no tenemos jueces suficientes para dar abasto a lo que requiere el servicio de justicia de este país”, explicó.
AUMENTA LA CARGA, NO EL PRESUPUESTO
El juez Juan Pablo Gómez Fierro recordó que las responsabilidades de los juzgadores se ampliaron con la trascendente reforma laboral que recientemente se instauró, aumentando en un 43% los asuntos que se conocen en los tribunales y la reforma en puerta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Comentó el juez que, ahora que se pretende hacer una reforma constitucional, sería “muy adecuado que una reforma de este calado asegure, precisamente, un porcentaje del Producto Interno Bruto”.
Porque en México, recalcó Fierro, el producto que se le asigna al PJF es de aproximadamente 0. 4 por ciento, por debajo de países como Colombia, Brasil y Perú.
La diputada Haro (PRI) coincidió al destacar que la reforma debería contener un compromiso de asignación presupuestal, “cuando hoy solamente se le otorga el 0.5 por ciento del PIB, cuando la OCDE establece, por lo menos, el 1 punto por ciento.
UN PORCENTAJE DEL PIB
El magistrado presidente del Tribunal mexiquense dijo que, para lograr la meta de contar con 10 jueces por cada 100 mil habitantes, “debemos fortalecer la autonomía presupuestal de los Poderes Judiciales de los estados”.
Propuso Sodi Cuellar incorporar a la Constitución General el principio de que los presupuestos de los Poderes Judiciales locales sean progresivos e irreductibles y nunca inferiores al 4% del Presupuesto de Egresos de la entidad correspondiente, así como crear el fondo de apoyo para la impartición de justicia en las entidades, reformando la Ley de Coordinación Fiscal e incorporarlo al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para quienes consideran que hay rubros del PJF con insuficiencia presupuestaria, como Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, para que la reforma llegue a buen puerto será necesario incluir en la legislación “una garantía presupuestal al Poder Judicial de la Federación equivalente, al menos, del 2 % del gasto programable, que reduciría los riesgos de debilitamiento en el acceso a la justicia y, por consecuencia, fortalecer la División de Poderes”.
Se recordó que, en Costa Rica, por ejemplo, el financiamiento de su Poder Judicial no puede ser menor al 6 por ciento de los ingresos ordinarios.
¿Y LAS FISCALÍAS?
Luis Eliud Tapia Olivares, profesor de la Escuela Judicial y en la Universidad Iberoamericana, consideró imprescindible incluir a las fiscalías en la reforma.
Se denuncian aproximadamente 8 de cada 100 delitos en este país y la mitad de esos llegan al Poder Judicial y las fiscalías están riéndose mientras discutimos aquí sobre el sistema de justicia”, recriminó.
Las fiscalías corruptas, las fiscalías ineficientes, las que hacen esperar a víctimas, las que no atienden a familiares de personas desaparecidas, mientras estamos discutiendo sobre despedir a todas las personas juzgadoras”, planteó el académico.
¿Ahora las personas de las comunidades alejadas a Veracruz van a poder ir a un juzgado con esta reforma? ¿En realidad eso se está resolviendo? ¿Hay dinero para defensorías de oficio? En Veracruz hay 10 defensores penales para todo el estado, ¿eso se está resolviendo en la reforma? Porque yo no lo he visto hasta este momento”, cuestionó Tapia Olivar.
