RESULTADOS QUE ALIENTAN A LA DEFENSA UNIVERSITARIA
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Los excesos y las arbitrariedades del gobierno se les revierte. Una nueva suspensión en un juicio de amparo que avergüenza al Ejecutivo Estatal y a sus esbirros.
Causó malestar en la representación universitaria en dos procesos penales, entre otros, que se siguen ilegalmente en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de su Rector Titular y de los integrantes del Comité de Adquisiciones, que por un supuesto conflicto de interés, se haya destituido a la representación victimal y legal de la Casa Rosalina. Una nueva bofetada a la ilegalidad.
Irritó a la representación universitaria la determinación del Juez y la Fiscalía Estatal. La defensa de los imputados universitarios quedaba en manos de la propia Fiscalía esa indigna autoridad represiva utilizada por el Gobernador para golpear alevosamente a la representación universitaria.
El Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum, no se opuso al dictado de una resolución que afectaba derechos constitucionales, convencionales y legales de la víctima u ofendida la Universidad Autónoma de Sinaloa. El Juez omitió el dictado del artículo 25 punto1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; el artículo 20, apartado “C”, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracciones V, VII, XV y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El abuso desmedido del poder de la Fiscalía y del Juez de Control en la instrucción de estos procesos de consigna, hace temblar a nuestro sistema jurídico estatal y nacional, ante unas autoridades irracionales y abusivas. Al resistirse a abandonar la Sala el representante legal de la Universidad ofendida, el Juez lo apercibió de aplicar una medida de apremio para sacarlo por la fuerza si era necesario. Hasta ese extremo de abuso se desarrolló en la Sala de audiencias.
Los Fiscales y el asesor victimal reían ante el éxito obtenido. Quedaban solos para decidir el curso del proceso ante un Juez que solo atiende las ordenes de la Fiscalía y del Gobernador. Inmediatamente después de lograda la hazaña, se delataron solos, el nuevo asesor victimal público solicitó la reapertura de la investigación, ya que no tenían pruebas para formalizar la acusación en contra del Rector Titular y miembros del Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en ese asunto muy divulgado, el de la compra de tortillas.
El asesor victimal, no informó al Consejo Universitario de esa solicitud que formularía y cuáles eran las razones legales para llevarla a cabo. El Consejo Universitario atendiendo su régimen de autonomía y de su autogobierno, al conocer ese hecho arbitrario e ilegal, ratificó el nombramiento del Dr. Ramón Bonilla Rojas y al Lic. Yamir de Jesús Valdez Álvarez, Abogado General, como Asesor Victimal y Representante Legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, respectivamente, en esa causa penal y en todas donde se involucre como parte ofendida a la UAS.
La Justicia de la Unión tumba esa determinación violatoria de los derechos fundamentales de la parte ofendida Universidad Autónoma de Sinaloa, en ese proceso prefabricado por el Gobernador y la Fiscal en complicidad de los Jueces que intervienen en los mismos, ya que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, resuelve concediendo una suspensión provisional para que el asesor victimal y representante legal de la UAS sigan en sus cargos y que la resolución por la que los destituyeron de sus cargos, no se ejecute.
No Alejandro, Noroeste no le sirve como escudo. Qué forma de perder su dignidad de periodista por prestarse a defender una causa que no la van a ganar. No se cuánto le cuesta al Gobernador pagar esas líneas que se ha encargado de escribir. De todo lo escrito usted bien lo sabe que nada es verdad. Las fichas del ajedrez siguen favoreciendo las jugadas jurídicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Es cierto, la justicia llega tarde, pero llega en favor de la Casa Rosalina, de su Rector Titular el Dr. Jesús Madueña Molina, Robespierre Lizárraga Otero y miembros del Comité de Adquisiciones. Esa justicia que aclaman en las columnas pagadas no hará mella en la defensa de los universitarios perseguidos políticamente por el rechazo a un esperpento legislativo como es la Ley de Educación Superior de Sinaloa.
Como respuesta a esa retórica pagada, se les estrella una nueva bofetada en ese rostro maltrecho y sangrante del gobierno que ya no haya como sacarse los golpes que son bastantes, por esa infame persecución política que los ha socavado por los fracasos recibidos. El sobreseimiento del proceso es la obligada consecuencia, porque la Fiscalía no acusó dentro del plazo por recurrir a una prórroga de la investigación complementaria que no era procedente.
La sociedad aplaude los éxitos de la defensa de la UAS. Ya dejaron de creer las mentiras surgidas del gobierno. Los Padres de Familia se inclinan sin ninguna duda a la defensa de los intereses de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en particular a la educación y formación profesional de sus hijos. Se rechaza categóricamente la Ley de Educación Superior de Sinaloa, violatoria de la autonomía universitaria. De rodillas nunca.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
