SATES y la punta de la madeja de los 700 millones de pesos…
Alvaro Aragón Ayala
El ejercicio de entrega-recepción en el sistema del Servicio Administración Tributaria del Estado de Sinaloa desprende sospechas del ocultamiento de “documentación importante” que conducirían a la práctica de auditorías especificas al gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
Desde el Tercer Piso del gobierno Estatal y del SATES se ejerce presión para obligar al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, a que no releve a su titular Gabriel García Coppel ni a su auditor Federico Rosas García.
La documentación que obra en el SATES, que en la práctica se debe cotejar con la del Sistema de Administración Tributaria, es clave para desentrañar la madeja en torno al uso de facturación falsa o de empresas fantasma para desviar recursos del erario estatal y federal.
Durante los primeros tres años del gobierno de Quirino Ordaz Coppel el SAT detectó 17 empresas calificadas como EFOS vinculadas a la administración estatal, entre las que se encuentran Grupo MGRF y Asociados, Sstar Pen SA de CV., Grupo Constructor Cavi SA de CV, etcétera.
En el SATES se operó para que la Secretaría de Administración y Finanzas adquiriera, con documentación falsa, 700 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, recursos que supuestamente fueron «aplicados» en el 2020 por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel a un rubro no definido.
Detectada la transa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador requirió al gobierno de Sinaloa la restitución a la Federación los 700 millones de pesos. La negativa de la devolución obligó a la SHyCP a suspender en dos ocasiones el Convenio de Coordinación Fiscal, una el 2020 por 4 meses y la otra por otros 4 meses del 2021.
El gobierno de Quirino Ordaz Coppel tiene como plazo hasta el día ultimo de octubre para regresar el dinero obtenido de manera ilegal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Si no regresa los 700 millones de pesos, trasladará el adeudo al gobierno entrante de Rubén Rocha Moya.
La Ley de Coordinación Fiscal faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrar convenios con las Entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Dichas Entidades participarán en el total de los impuestos federales y en otros ingresos mediante la distribución de los fondos constituidos para tales efectos.
El gobierno de Quirino Ordaz tuvo acceso a esos recursos usando documentación falsa asesorado por un despacho privado. La SHyCP detectó el trinquete en el 2020 y le suspendió por 4 meses el Convenio de Coordinación Fiscal. En el 2021, le volvió a cancelarle por otros 4 meses el Convenio, obligando al gobernador a recurrir al tribunal de lo Contencioso Administrativo, perdiendo el litigio.
Priva un ambiente tenso en las diligencias de entrega-recepción en el Sistema de Administración Tributaria de Sinaloa. En la dependencia se ejerce presión para que se queden y “blinden” al gobernador saliente, el titular del SATES Gabriel García Coppel y su auditor Federico Rosas García.
Ambos funcionarios adulteran documentos, otros no los exhiben y otros más los ocultan “o no los encuentran”, para esconder o enmascarar la corrupción que priva en el SATES.
EXPEDIENTE 27
