Sin recato

Con las leyes secundarias que se discutirán esta semana en el Congreso, esas bellas palabras quedarán para el registro de las buenas intenciones.

Uno de los grandes desafíos que enfrentan los reformadores de todo tipo y de todo el mundo es cómo poner en práctica postulados elevados en medio de un contexto confuso.

Por ejemplo, en la enmienda reciente al artículo 3º de la Constitución, ya por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya por propuestas de académicos que los partidos de oposición hicieron suya, se plasmaron nociones de altura: “Toda persona tiene derecho a la educación… La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva… El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. Pero la realpolitik es exigente.

Con las leyes secundarias que se discutirán esta semana en el Congreso y a juzgar por la iniciativa que presentaron diputados de Morena, esas bellas palabras quedarán para el registro de las buenas intenciones. Sin recato, los líderes de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pavimentan el camino para recolonizar el gobierno de la educación básica. Y el Presidente, su burocracia y su partido les proporcionan herramientas y materiales.

Imagino que los legisladores de la oposición se darán de topes por haber confiado en que, con aquel párrafo sexto del artículo 3º se ponía un candado al retorno de prácticas clientelares: “La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docentes, directivas o de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo”.

Hoy, en artículos de las leyes secundarias se rescinde ese principio, aunque no se toque la Constitución. Si se aprueba la iniciativa en los términos en que se presentó, el Congreso cede soberanía, la Secretaría de Educación Pública adquiere supremacía para reglamentar ingreso, promoción y reconocimiento del magisterio. Los estados pasan a ser peones y se abre la puerta para que —como en el pasado— los cabecillas de las facciones del SNTE decidan quién, cómo y por cuánto se ingresa o se promueve en la carrera docente, también quién se beneficiará en la cadena de cambios.

Tal vez lo dijo con sinceridad, pero la declaración del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, de que la “asignación de plazas docentes será una caja transparente” se escucha como una broma de mal gusto.

El gobierno del presidente López Obrador resolvió el reto —pienso— al dejar la parte doctrinaria del artículo 3º para la oratoria. En las leyes secundarias prima el interés del SNTE, no los grandes valores (vamos, ni siquiera aparece la palabra inclusión). El retorno al pasado dejará una carga corpulenta que será difícil para cualquier gobierno futuro echar para atrás.

Espero equivocarme, pero la herencia será nefasta.

CARLOS ORNELAS

EXCELSIOR