SINALOA, UN ESTADO INSEGURO
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Muchos hechos delictivos suceden en Sinaloa y no hay autoridad que los prevenga o que los investigue y sancione. Inseguridad e impunidad coronan la incapacidad para erradicarlas.
Mandos militares en las corporaciones civiles que violan la disposición constitucional de que las instituciones de seguridad pública serán civiles. Sin embargo, una cosa es que se haya adicionado la Constitución Federal para permitir que la milicia ejerciera funciones de policía de manera temporal y otra muy distinta, que se hicieran cargo de los mandos policiales.
La formación militar de los mandos policiales se contrapone a la doctrina que exige la formación policial. El militar se prepara para matar o sea para la guerra, por más que se le quiera bañar con el discurso de que son respetuosos de los derechos humanos. En la milicia no hay respeto a los derechos humanos porque la formación militar se los prohíbe.
Respetar los derechos de los prisioneros de guerra es una disposición convencional que impone el “Convenio de Ginebra”. El respeto a los derechos humanos es irrenunciable para todo individuo y una obligación de la autoridad respetarlos y promoverlos.
El mando militar permea su formación a la estructura policial y la daña, a diferencia del policía cuya formación está respaldada de igual forma en una doctrina de principios, técnicas, tácticas, valores y experiencias que se circunscriben de manera integral en preceptos legales y éticos que orientan la función policial vinculándola para un trato social digno y respetuoso apartado de cualquier tipo de violencia salvo las excepciones derivadas expresamente de la ley.
El militar y el civil son componentes gubernamentales que podrían auxiliarse en situaciones excepcionales, pero no asumir el soldado las funciones policiales porque no son propias de su formación militar.
México tiene un ejército de paz, pero no por ello el soldado deja de tener su formación para la guerra, porque esa es su naturaleza, quien pensó convertir al soldado en policía partió de una tesis totalmente equivocada.
El hecho de que el soldado sepa manejar armas y recibir capacitación en estrategias y técnicas de guerra y de defensa personal, ello no quiere decir que puede ser policía. Haber determinado el Presidente de la República, porque esa fue la fuente de decisión, sacar al soldado a la calle y convertirlo en policía debería ser motivo de juicio político y sancionarlo.
Causa de violación constitucional la hay, no solo en el Presidente sino en el Congreso Federal y las legislaturas estatales que aprobaron la iniciativa de reformar la Constitución incorporándole nuevos artículos transitorios para legalizar la presencia de las fuerzas armadas en seguridad pública, y repitiendo esa aberración al reformar la reforma para ampliar al plazo para que las fuerzas armadas ejerzan como policías hasta el 2028.
Quien se atrevería a promover juicios políticos contra los violadores, porque es más bondadoso decir infractores, de la Constitución porque quisieron desconocer el precepto aquel que dice que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional (artículo 21, décimo párrafo Constitucional).
¿Dónde está el compromiso de crear instituciones policiales civiles en la federación, estados y municipios? que no se hizo el compromiso por parte del Senado de la República que se destinarían recursos suficientes para recuperar los estados de fuerza policiales en el País?
En Sinaloa se dio un primer paso, pero quedó solo como una auténtica simulación. Se creo la Universidad de la Policía, pero no funciona como formadora de policías. Sus planes y programas de estudio quedan muy lejos para destinarlos a la formación y profesionalización policial. Forman licenciados en seguridad pública e imparten posgrados y otros, pero no atienden a la policía.
La omisión de formar policías se refleja en la calle. No tienen la visión de lo que deben hacer, y también desconocen la misión que deben cumplir para evitar las conductas antisociales no delictivas y en lo posible evitar que se produzca el delito. Pero también, la forma en que deben de actuar para no caer en el abuso y la violencia en perjuicio del colectivo social.
La formación militarizada, ocasiona desvíos graves en esa misión como los hechos recientes en que menores universitarios rosalinos fueron violentados en sus derechos y privados injustamente de su libertad sin haber cometido infracción alguna, fueron remitirlos a la justicia militarizada ¿Ese es el modelo de policía que quiere el mando político estatal y municipal? Que la sociedad responda.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
