Subsidia UAS a la guerrilla
El desvío de recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa debilitó su imagen institucional, al destinarse presupuesto para apoyar el movimiento guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre a nivel local y nacional
(Autoridades del Centro Nacional de Inteligencia temen que en las Universidades Públicas se regrese al mal manejo en la aplicación de los recursos de las instituciones, situación violatoria a sus autonomías. La UAS fue un semillero de la Liga Comunista 23 de septiembre y cuna del PCM, PRD, PSUM, cuyos dirigentes usaban los recursos destinados a la educación para apalancar candidaturas de “izquierda”. En la UAS coexistían los grupos que violentaban el régimen de libertades y truncaban el desarrollo académico del alma mater. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se opone a que regrese la época de la barbarie a las Universidades)
Las redadas de «Enfermos» y activistas de la Liga 23 de Septiembre llevaron a la entonces Dirección Federal de Seguridad, al Ejército y a la misma Procuraduría General de Justicia de Sinaloa a una hipótesis inimaginable: la UAS financiaba económicamente al movimiento armado.
Fuera de control desde el rectorado de César García Salcido, el movimiento tuvo el apoyo financiero de Arturo Campos Román, quien primero fue Secretario General y después Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa de 1974 a 1976.
Campos Román, identificado como simpatizante del Partido Comunista de México, fue señalado como quien entregaba diversas sumas de dinero a los grupos radicales, bajo el disfraz del subsidio para las casas del estudiante, el secuestro, el robo y el asalto.
La DFS y el Ejército, en los archivos de la galería 2 del Archivo General de la Nación, caja 1514, tomo «A» y «B», recabaron declaraciones de activistas de dicho grupo guerrillero en las que señalan a Campos Román como quien subsidiaba el movimiento.
En el AGN existen informes confidenciales relativos a que el entonces Subprocurador de Justicia en Sinaloa, Roberto Pérez Jacobo, participaba directamente en los interrogatorios a los activistas para recabar evidencias y librar orden de aprehensión contra Campos Román, también simpatizante del Partido Comunista Mexicano, de «Los Enfermos» y la Liga 23 de Septiembre.
Según los archivos de la DFS, en el expediente 100-23-1-71, H-95 «B», L-25, Campos Román utilizó al grupo de «Los Enfermos» para que lo apoyaran a llegar a la Rectoría, pero después, éstos lo acusaron de traidor y le retiraron su apoyo, por lo que frecuentemente cometían aparentes secuestros, robos y asaltos contra él y funcionarios de la UAS para obtener fuertes sumas de dinero.
Roberto Martínez Huerta, ex alumno del Tec de Culiacán, tras ser arrestado el 3 de mayo de 1974 en movilizaciones en Guasave confesó que recibían dinero del Rector de la UAS, repartiéndose entre los «compas» para el sostenimiento y el pago de las rentas de las casas de seguridad que usaban.
El estudiante Arsenio López Alvarado, detenido tras una persecución y enfrentamiento contra policías municipales al sur de la ciudad, donde murieron dos «Enfermos» y un albañil, declaró que recibía 15 mil pesos cada semana para repartirlo entre activistas de varios comités de lucha, dinero que les entregaba Francisco Álvarez Cordero, «Panchito», quien a su vez disponía del dinero por órdenes del Rector, consta en un informe de la Sedena de la Caja 1514, tomo «B», Galería 2 del AGN.
Encabezados por «El Pelón» y «El Madrolitas», un grupo de estudiantes armados secuestaron el 11 de julio por la tarde en sus oficinas al Rector Campos Román, exigiéndole 140 mil pesos, cantidad que fue entregada por Samuel Trujillo Campos, Tesorero de la UAS, que fue al banco a cambiar un cheque.
Los integrantes de la brigada de ciencias químicas, Mario Rivera Gastélum «El Cieguito», y Juan Manuel Tong Gastélum, fueron detenidos el 27 de julio de 1974 y confesaron a la DFS estar recibiendo de la UAS 100 mil pesos semanales.
Explicaron que el dinero le era entregado en un cheque que era cambiado por Francisco Álvarez Cordero, entonces Contador de la UAS. Aceptaron que días antes habían secuestrado al Rector, recibiendo 50 mil pesos, pero como ellos exigían 100 mil más, el dinero les sería entregado días después.
Aseguraron que el dinero lo usan para comprar armas, y el resto enviado a otros compañeros de la Liga a otros estados.
«Campos Román tuvo que pagar facturas, y esos grupos asaltaban y robaban la Tesorería y la Universidad, y (los funcionarios) eran cómplices directos de eso, por omisión, porque nunca se interpuso ninguna denuncia ante la autoridad por el saqueo o robo del patrimonio de la UAS.», señala el ex activista estudiantil Jaime Palacio Barreda.
Esa situación obligó a renunciar a muchos maestros y catedráticos que huyeron en desbandada por la anarquía y el caos en la UAS, que lejos de llevar una labor educativa de orientación, se propiciaba la subversión en varios niveles y enfrentamiento entre alumnos de distintas ideologías.
Para finales de 1974 y mediados de 1975, los elementos de la Liga 23 de Septiembre presos en esa época ya sumaban más de 60, pero las movilizaciones continuaban con la quema y secuestro de camiones urbanos, asaltos, detenciones de activistas armados , cateos a casas de seguridad, decomiso de armamento, cartuchos, explosivos, bombas molotov y material subversivo, así como robos de armas a policías, enfrentamientos a balazos, plagios y muertes de activistas y agentes preventivos.
Las barricadas en las calles Ángel Flores y G. Robles era el pan de cada día, donde los estudiantes detenían autos, camiones y minibuses para hacerles pintas y sustraerles el combustible para fabricar bombas «Stalin», que construían con ácido sulfúrico.
En una ocasión, la policía Judicial intervino, resultando herido un estudiante y el entonces agente de la PJE Humberto Rodríguez Bañuelos, «La Rana», originario de Quilá, y quien fuera lugarteniente y gatillero de los Arellano Félix.
Las calles aledañas al Edificio Central eran terreno de delitos diversos a cualquier hora del día.
Avecindado en el Centro de la ciudad, el entonces comerciante Benjamín Francisco Arellano Sánchez, cuyos hijos fueron años después los líderes del Cártel Arellano Félix, fue asaltado por dos estudiantes.
Ese 27 de mayo de 1974, cuando iba acompañado de uno de sus vástagos, entonces menor de edad, dos radicales los amenazaron con armas y dispararon para atracarlo, intentando después quitarle su auto; Arellano Sánchez y su hijo corrieron hacia una casa abandonada, logrando ponerse a salvo.
Para 1975, el Gobernador Alfonso G. Calderón ordenó al Procurador realizar por parte de la PGJE el desistimiento de la acción penal en contra de los estudiantes presos por delitos del fuero común.
Así, más de 50 estudiantes fueron liberados, excepto un grupo de 16 radicales de la Liga 23 de Septiembre encabezados por Camilo Valenzuela Fierro que el 25 de diciembre de 1975 se opusieron a salir libres y rechazaban cualquier gestión que se hiciera en su nombre «por la bola de funcionarios serviles».
El 22 de enero de 1976 se registran motines estudiantiles con motivo del aumento del precio del pasaje, por lo que varias unidades del transporte público son secuestradas e incendiadas.
Las palizas hacia integrantes de otros grupos estudiantiles contrarios en convicciones como «Los Chemones» eran frecuentes: turbas de «Enfermos» golpeaban severamente a alumnos y maestros identificados con grupos contrarios que exigían que los radicales fueran expulsados y «extirpados» de la UAS.
Durante varios años, la Procuraduría General de Justicia puso en operación el Grupo Político Social de la PJE, «Los Halcones», que efectuaba detenciones y «seguía» los movimientos estudiantiles para ubicar a los cabecillas.
En marzo de 1974, el grupo intensificó la vigilancia en escuelas y facultades para detener a Nicolás Orduño Amezcua «El Nico», alumno de leyes y empleado de la biblioteca de la misma facultad, quien fue acusado de entregar armas a los estudiantes, así como David Moreno Lizárraga «El Gordo Moreno», también señalado como activista de «Los Enfermos» y miembro de la liga 23 de septiembre.
‘Marquillos Astorga’
En los archivos de la DFS y de la Sedena existen informes documentales sobre la presunta participación en la guerrilla del ex líder perredista Juan Nicasio Guerra Ochoa, conocido con el apodo de «Marquillos Astorga», señalado de ser distribuidor de armas a estudiantes y activistas.
En sus declaraciones contenidas en la caja 1514, tomos «A» y «B», galería 2, el activista José Inés Fierro López, de 19 años, estudiante de la prepa central, reveló que «Marquillos Astorga», el estudiante Guadalupe Santana «El Burgos», quien se escondía en La Cercada, Angostura; y un tercero de apodo «Facundo», impartían adiestramiento militar de guerra de guerrillas en un cerro cercano a Los Mochis, utilizando folletos proporcionados por la Liga 23 de Septiembre.
La infiltración y decadencia
Entre 1975 y 1977, la Liga Comunista 23 de Septiembre empezó a sufrir numerosas «bajas» de dirigentes, cabecillas y activistas que eran presos, asesinados o desaparecidos, minando con ello la presencia de la guerrilla en Sinaloa.
Agentes de «Los Halcones», del Ejército, y sobre todo de la DFS lograron infiltrar las estructuras de la Liga, fracasando en gran parte de sus planes a ejecutar.
Las reuniones entre los dirigentes «cerraron» la participación a sólo unos cuantos por temor a una traición de parte de activistas en los que no había confianza para compartir estrategias.
Así, bajo la sospecha de ser espías políticos o agentes infiltrados, integrantes de la Liga eran asesinados y desaparecidos por ellos mismos.
En Sinaloa, hay al menos 42 estudiantes desaparecidos de esa época, cuyo paradero aún se desconoce.
«La propia acción del Estado de infiltrar empieza a generar al interior de la Liga un conjunto de reacciones que para 1974 y 1975 el movimiento entrara en crisis», admite el ex activista radical Feliciano Castro Meléndrez.
El ex diputado local del PRD detalla que durante los constantes encierros en la cárcel, se da una reflexión y la rectificación del movimiento radical, surgiendo nuevas opciones de la izquierda radical.
«Eran concepciones evidentemente con grandes vacíos desde el punto de vista teórico y político. Hubo posiciones políticas erróneas, hubo desviaciones políticas, se cometieron muchos errores, incluso en el movimiento guerrillero se dio una descomposición al interior mismo que se daba al ajusticiamiento», admite.
Camilo Valenzuela Fierro, cabecilla y activista de la Liga 23 de Septiembre, refiere que el aniquilamiento y desaparición de la Liga fueron por la persecución, represión y aniquilamiento de militantes por parte de la policía y el Ejército.
Acusa que luego de liberar de la cárcel a muchos activistas, se les obligó a abandonar territorio sinaloense bajo tres opciones: destierro, encierro o entierro (José Manuel Salas/Noroeste – 29 Mayo 2009)
