Terror en el sector agrícola. El gobernador anuló a Baltazar Valdez
Mediante la acción de la Fiscalía General República, considerada la segunda vía de la represión política y judicial rochista, y mediante el esparcimiento de amenazas en torno a la posible detención masiva de líderes campesinos, el gobernador Rubén Rocha Moya anuló a Baltazar Valdez Armentía, quien, a pesar de que goza de libertad condicional tiene prohibido reunirse con los campesinos, tratar el asunto de la comercialización de maíz y encabezar manifestaciones de protesta en demanda de un mejor precio a la tonelada del grano. El sector agrícola entró en una fase de miedo exagerado a levantar la voz por temor a encarcelamientos.
El líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa fue imputado por la toma de Pemex en Topolobampo y el Aeropuerto Internacional de Culiacán y puesto, de momento, en libertad debido a que la FGR no justificó la prisión preventiva. Valdez Armentía fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión en Cuauhtémoc, Chihuahua, a donde acudió a una reunión del sector agrícola con la candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum. Otro líder, Felipe Cebada, también fue detenido; el vicepresidente del CUS, y brazo derecho de Baltazar Valdez, Roberto Félix, “anda a salto de mata”.
Baltazar Valdez se había convertido en un dolor de cabeza para la administración de Rubén Rocha Moya, pues, el año pasado, le desmontó el teatrito del precio justo a la tonelada de maíz, en cuyo programa de comercialización quedaron fuera cientos de productores. Este año encabezó protestas en rechazo al “precio Rocha” de 5 mil 457 pesos la tonelada que no alcanza para pagar los créditos mucho menos para llevar alimentos los hogares de los productores.
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A principios de la semana, Baltazar Valdez convocó a los productores de maíz a nuevas manifestaciones porque el gobernador Rubén Rocha no cumplió su palabra de gestionar un mejor precio para la tonelada del grano ni con la promesa de conseguirles a los maiceros una audiencia con el presidente de la República.
Para frenar nuevas manifestaciones, el gobernador Rubén Rocha pidió el apoyo de la Fiscalía General de la República, quien activó las demandas que se elaboraron en contra de cuando menos 20 líderes campesinos que participaron el año pasado en la toma de las instalaciones de Pemex y el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Valdez Armentía fue detenido el miércoles. Agentes federales esperan aprehender a más dirigentes en el transcurso de la semana.
Baltazar Valdez fue presentado el jueves ante un juez federal. La audiencia inicial fue celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, donde la Fiscalía General de la República lo imputó por los delitos de sabotaje y contra el consumo y la riqueza nacional. El ministerio público dijo que mantuvo tomadas las instalaciones de Pemex en Topolobampo del 8 al 15 de mayo, acompañado de más de 200 personas.
Durante esos días, señaló, impidió la entrada y salida de camiones de Pemex, por lo que afectó la distribución de combustibles a las terminales de Culiacán, Guamúchil, El Fuerte y Navojoa. El Fiscal indicó que, por el bloqueo, Pemex tuvo pérdidas por 119 millones 953 mil pesos.
La Fiscalía solicitó al juez imponer la prisión preventiva justificada y dijo que por toma de Pemex la pena es de 2 a 20 años y por la toma del aeropuerto es de 2 a 9 años.
El juez consideró que los argumentos de la Fiscalía no eran suficientes para imponer la prisión preventiva y ordenó la libertad inmediata, aunque como medida cautelar prohibió a Baltazar Valdez salir del estado, no acercarse a las instalaciones de Pemex y al aeropuerto y no reunirse con los campesinos para organizar manifestaciones so pena de reaprehenderlo de inmediato.
Al salir de la audiencia con el Juez Federal, Baltazar Valdez, expresó: “salimos bien, perfecto, todo salió bien; va a salir buen porque estamos en una causa justa. Se que la gente se preocupa por la gente lucha verdaderamente”. Por recomendaciones de sus abogados y por temor a ser reaprehendido el dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa se ha negado a realizar conferencias o declaraciones públicas.
