UAGro sin fondos para jubilaciones: Romero Olea

Sergio Ocampo Arista, corresponsal

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea, informó que la institución suriana no cuenta con los recursos económicos suficientes para pagar la jubilación de su personal «de una plantilla laboral de alrededor de cinco mil trabajadores, al menos dos mil 500 ya están en edad de retirarse de sus labores».

Entrevistado en las instalaciones de la rectoría de la universidad, dijo que a la UAGro, le recortaron 300 millones de pesos «pero por la falta de recursos no se han podido jubilar, es decir alrededor del 40 por ciento ya tendrían que jubilarse, pero por falta de recursos no lo han hecho».

Apenas alcanzan los recursos para solventar los pagos de algunos compañeros trabajadores que se han visto en muy malas condiciones de salud» muchas veces con recursos propios, pero es un paliativo nadamás, en realidad el problema no se ha resuelto, hay compañeros que ya se jubilaron y no ha sido posible cubrir su retiro».

Es parte de la crisis financiera que viven las universidades del país, «y en el caso de la UAGro, tiene que ver con los recortes a proyectos académicos que ya no se convocaron, bolsas económicas en que se concursaban; también resultaron afectados los pagos dolor fallecimiento de los trabajadores; el pago de prestaciones al personal que renunció; aunque el problema es para todas las universidades».

Por otra parte, Romero Olea, dió a conocer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), otorgó finalmente la concesión para Radio Universidad Pueblo, después de más de 40 años de luchar por lograr su reconocimiento.

Al recibir el reconocimiento oficial el director de Radio Universidad, Victor Wences Martínez, recordó la lucha de los universitarios y del pueblo de Guerrero» es un gran triunfo no solo para la universidad , sino para el pueblo que siempre apoyó a la universidad, y hoy tiene a su alcance probablemente la única radiodifusora que ejerce plenamente el derecho a la información, y el derecho de la población a estar bien informado».

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