Violando la ley, diputados del Congreso Local dan curso a iniciativas anti-UAS
Violando la Constitución y la Ley General de Educación Superior y sobre todo la autonomía universitaria, el pleno del Congreso del Estado de Sinaloa dio primera lectura en la sesión de este martes a dieciocho iniciativas de ley anti-UAS, no avaladas por el Consejo Universitario ni los órganos colegiados de la Universidad Autónoma de Sinaloa, como paso inicial del gobernador Rubén para Rocha intentar «reventar» Ley Orgánica vigente de la Casa Rosalina.
Las dieciocho iniciativas que buscan regresar a la UAS a la época del pasado, en donde predominaba el caos académico y administrativo y el desmadre en la elección de autoridades universitarias, fueron presentadas por universitarios dedicados en cuerpo y alma a la “grilla”, pero que ni siguiera pertenecen al Consejo Universitario, y por ciudadanos “externos”. Se trata de la “mecánica legislativa” impresa por el gobernador Rubén Rocha Moya para intentar moldear una Ley Orgánica Externa para la UAS.
De todas las iniciativas anti-UAS ninguna es válida ya que no cuentan con el aval o la carta poder de la autoridad suprema de la UAS, que es el Consejo Universitario, ni tampoco poseen el apoyo del Colegio de Directores ni de los Consejos Técnicos, órganos colegiados de la institución de educación superior. Quienes registraron las iniciativas en el Congreso Local jamás las presentaron ante el Consejo Universitario para su discusión, aprobación o rechazo.
El Artículo 3° Fracción VII de la Constitución precisa que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.
La ley General de Educación Superior en su Artículo 2 establece que las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del Artículo 3° de la Constitución y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de éstas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la presente Ley.
De acuerdo a la misma ley (LGES), los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que se refiere el párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultad y responsabilidad de las universidades e instituciones de educación superior autónomas de gobernarse a sí mismas.
Plantea la ley que ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción VII del Artículo 3° Constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
La primera iniciativa anti-UAS leída por diputadas y diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura, no avalada por el Consejo Universitario ni los órganos de gobierno de la UAS, contiene artículos regresivos, aberrantes, aunque los legisladores la disfrazaron de participativa y plural y necesaria para consolidar la transparencia y rendición de cuentas en la universidad. No dijeron que la UAS rinde cuentas a través de las auditorías que le practica la Auditoría Superior de la Federación.
Las otras iniciativas anti-UAS fueron leídas por José Arturo Nevárez Hernández, Guadalupe Núñez Villarreal, Florina García Bórquez, Olga Olivia Zazueta, Roberto López Montenegro, Óscar Romero Félix, Rocío Anahí Mendoza Camacho, Jesús Verdugo Bojórquez, Óscar Omar lbarra Guerrero, Bernardo Ulloa Ibarra, María Guadalupe Robles Ibarra, Dunnia Vanessa Villa Peregrina, Belia Bañuelos Acuña, Ana Luz Ruelas Mojardín, Luisa Fernanda Median Bañuelos, María Felipa Valdez Alvarado y Ana Lilia Guadalupe Burgueños Zazueta.
Ninguno de los ponentes presentó documentación del Consejo Universitario ni de los órganos colegiados de la UAS que respalden o avalen las iniciativas que desde su origen y destino violentan la autonomía universitaria, la Constitución y la Ley General de Educación Superior.
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